• Ante respaldo tácito del gobierno al proyecto minero “Los Domos, Patricio Segura indicó que al redelimitar el futuro Parque Patagonia el Ejecutivo despeja su intención política de permitir el avance de la minería del oro en la cuenca del lago General Carrera, el más extenso de Chile y segundo de Sudamérica.

 

Presidente Codesa, Patricio Segura.

“Despejada la intención política del gobierno de permitir el avance de la minería del oro en la cuenca del lago General Carrera, proteger el principal reservorio de agua dulce de Chile de los documentados impactos de este sector es hoy uno de los objetivos socioambientales de Aysén”.

Con estas palabras el presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa), Patricio Segura Ortiz, se refirió a la decisión del gobierno de redelimitar el futuro Parque Patagonia para responder a las demandas de familias campesinas para sus veranadas y al lobby minero de la australiana Equus Mining, con el fin de materializar el proyecto “Los Domos” en el área de Jeinimeni. La compañía, a través de la sociedad Southern Gold, hizo gestiones ante el ministro de Felipe Ward y otras autoridades precisamente para restringir la nueva área silvestre protegida.  Y el principal gestor de dicha sociedad es Sergio Romero, hijo del ex senador RN y presidente de la Cámara Alta del mismo nombre.

“Lo dijimos varias veces.  Era necesario buscar una opción a la situación de los pobladores que han usado durante décadas terrenos fiscales para sus animales y servidumbres de paso.  El problema es que en la acción del gobierno está abriendo camino a que una trasnacional australiana de un sector altamente impactante, opere en un área de alto valor ambiental y estratégico, y fundamental en términos de interés turístico y patrimonial geológico, arqueológico y paleontológico como es el sector de Cueva de las Manos, Valle Lunar y Piedra Clavada” explicó el dirigente.

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Ante el anuncio de la Comisión de Medio Ambiente del Senado en el sentido de solicitar a diversos organismos del Estado informes sobre contaminación minera en la cuenca del lago General Carrera y de la secretaría regional ministerial de Minería de llevar adelante un programa para abordar pasivos ambientales mineros, con una línea base de información, gestión y remediación, las organizaciones abajo firmantes declaramos que:

 

• Recibimos con satisfacción que, al fin, la institucionalidad encare este importante tema que desde la sociedad civil  y comunidad regional se viene planteando desde 1989 y en el cual la ausencia de voluntad y fiscalización del Estado ha llevado incluso a la intoxicación y muerte de peces y ganado, y a la presencia de metales pesados en treinta habitantes de Alto Mañihuales por responsabilidad de El Toqui, tres de ellos sobre la norma.   Además, ha originado la muerte de la biodiversidad en Laguna Verde y en el último año al lamentable fallecimiento dos trabajadores minerosen la operación Delia 2 de Cerro Bayo. Esto sin mencionar la devolución de exportaciones de salmón por estar contaminados con plomo.

 

• Es necesario establecer que la contaminación por pasivos mineros no solo se da en las áreas de los relaves de Puerto Cristal, donde se está llevando adelante un proyecto de biorremediación de la Universidad Austral de Chile, sino también al interior de Puerto Guadal (por Mina Escondida) y en Puerto Sánchez (por Mina Las Chivas).Y sumado a esto, los muelles donde cayó mineral al lago.

 

• Como queda establecido en el primer punto de esta declaración, también están los pasivos mineros de las actuales explotaciones de la mina El Toqui (Laguna Gold) en Alto Mañihuales y de las faenas mineras Fachinal/Cerro Bayo (Mandalay Resources) en el sector El Furioso y Laguna Verde, en un sitio de prioridad de conservacion de la biodiversidad, donde no faltan los problemas y no existen acciones de cierre y abandono para regenerar  el lugar. Más aún, es fundamental revisar la porción de agua en el muelle de Puerto Chacabuco, donde existe todo un depósito de mineral.

 

• Es fundamental una fiscalización e investigación más acuciosa de las faenas existentes, que como se ha estado demostrando constantemente incumplen sus Declaraciones de Impacto Ambiental, trabajando por años sin las autorizaciones correspondientes. Es imprescindible, además de mayor presencia fiscalizadora, el monitoreo de aguas, aire y áreas de pastoreo que puedan ser afectados por la actividad minera, incluso en sus etapas de exploración y prospección.

 

• Se hace necesario que la institucionalidad ambiental sea más exigente en el cumplimiento de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, cuando solo hace unos días se aprobó una Declaración de Impacto Ambiental en un Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad en el área de Bahía Jara, en circunstancias que se debió presentar un  estudio y permitir participación ciudadana formal.

 

• Esto es más cierto aún cuando en los últimos meses ha quedado demostrado el interés efectivo de la minera australiana Equus Mining de concretar una mega explotación minera (“Los Domos”) en el área de Circuito Cueva de las Manos, Piedra Clavada Valle Lunar, sector no solo de alto interés turístico sino de fundamental relevancia geológica, paleontológica y arqueológica, y priorizado para la conservación de la biodiversidad.  Así como también de Laguna Gold de desarrollar prospecciones mineras a unos 3 kilómetros de Puerto Ingeniero Ibáñez (“Terrazas”), entre otras localidades de Aysén con sus proyectos Katterfeld (en el área aledaña a Rodeo los Palos) y Santa Teresa (en los alrededores de Villa Amengual).

 

Como organizaciones sociales y ambientales valoramos y apoyamos toda iniciativa y actividad productiva en nuestra región, siempre que sea acorde con una visión de “Aysén como reserva de Vida”, haciéndonos responsables del decidido aporte ambiental que desde la Patagonia podemos y debemos impulsar para ser actores relevantes frente a la dramática crisis ambiental planetaria, en que las actividades mineras han dado amplias muestras de irresponsabilidad y de contundente participación en esta crisis que cuestiona seriamente el presente y el futuro de la vida de nuestro planeta.

 

La conclusión es que no corresponde autorizar minería en nuevos sectores de la región de Aysén si las que hoy ya operan no se han hecho cargo de los pasivos ambientales que han generado.

 

 

• Comisión Justicia y Paz Vicariato de Aysén
• Comité pro Defensa de la Fauna y Flora CODEFF filial Aisén
• Agrupación Aisén Reserva de Vida
• Corporación Costa Carrera
• Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén

 

Mayores informaciones:

• Peter Hartmann Samhaber, +56 9 8818 5273
• María Soledad Cifuentes, +56 9 9323 2629

 

 

Región de Aysén, Patagonia chilena

Miércoles 12 de septiembre de 2018 ∞

• Sobre convocatoria del Ministerio de Energía para este lunes.
• Dirigente recordó que durante cuatro años de trabajo sociedad civil, empresas, comunidades y gobierno se sentaron a la mesa a elaborar la visión que dirigiría los destinos del sector en Aysén al 2050.
• En este sentido señaló que aunque “es legítimo que todo gobierno ponga sus propios énfasis, esperamos que se haga alusión al trabajo que derivó en el instrumento ya lanzado y no partir de cero”.

 

El Ministerio de Energía está convocando para el lunes en Coyhaique al encuentro “Ruta Energética 2018-2022: liderando la modernización con sello ciudadano”, donde se invita a la ciudadanía en general a “diseñar juntos el futuro energético de Chile y la región”. Contará la cita con la presencia de la intendenta Geoconda Navarrete y la ex subdirectora del think tank UDI Instituto Libertad y Desarrollo, Susana Jiménez, quien hoy ejerce como titular de la cartera.

Se darán en la ocasión luces sobre la visión del gobierno en torno a una materia sensible para la región de Aysén, tanto por la importancia que tiene la energía en el debate social, ambiental y productivo, como por las movilizaciones que en algún momento se llevaron adelante por la posible construcción de represas en la zona.

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• Se refirió así a los críticos dichos de los alcaldes de Chile  y Cochrane, y del diputado David Sandoval, contrastándolos con el reciente artículo del New York Times elogiando la medida.
• “La conservación es compatible con el turismo de naturaleza, la investigación científica del medioambiente, la agricultura orgánica y la ganadería de bajo impacto, en un prisma de bien común, y son corrientes que ocurren y mejoran la calidad de vida de comunidades en muchas partes del mundo, además de ser coherentes con el respeto de la identidad local, el mundo rural, la cultura regional.  Otra cosa es que ellos no lo quieran ver” señaló.

 

Presidente Codesa, Patricio Segura.

Como un “gran avance tanto para la protección de ecosistemas únicos del mundo como para un real desarrollo local basado en el respeto y cuidado de la biodiversidad” calificó el presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa), Patricio Segura Ortiz, la próxima firma de los decretos que oficializan la Red de Parques de la Patagonia.  La decisión permitirá unir 17 parques nacionales (de casi 4,5 millones de hectáreas) en la zona austral, impulsada por la donación de casi medio millón de hectáreas de territorios únicos en Palena, Aysén y Magallanes que las fundaciones del fallecido Douglas Tompkins y su esposa Kristine McDivitt donaran al Estado de Chile, es decir, a todos los chilenos.

“Paradójicamente mientras algunos dirigentes políticos alegan contra la protección de los ecosistemas australes, el mundo  destaca la nueva Red de Parques de la Patagonia.  En este juego vemos a ciertos alcaldes y parlamentarios a quienes nunca hemos visto preocupados realmente por la rica biodiversidad aysenina, lo que permitiría sentar las bases de un futuro responsable y sostenible para las comunidades de Aysén” indicó el dirigente.  Se refirió así al reciente artículo del New York Times, que incluyó la ruta en la lista de los “50 lugares para ir en 2018”, refiriéndose a la iniciativa como una “gloriosamente escénica red de parques”.

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• Investigación sobre consumo del “pez rata” en el país.
• El viernes 20 de octubre venció el plazo para que el Instituto de Salud Pública haga llegar a ONG copia de los análisis y resultados sanitarios realizados en Chile durante los años 2016 y 2017 a muestras del controversial pez.

 

Granja de pangasius en Vietnam (Fuente: WWF)

El viernes 20 de octubre venció el plazo para que el Instituto de Salud Pública (ISP) entregue a la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa) copia de los análisis y resultados sanitarios realizados en Chile durante los años 2016 y 2017 a muestras de la especie pangasius, conocida popularmente como “pez rata”. La resolución, adoptada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) el 15 de septiembre y notificada el 26 del mismo mes, conmina al organismo a recopilar la información entre las 15 secretarías regionales ministeriales de Salud.

La acción deriva de una solicitud realizada en junio de este año por Patricio Segura presidente de Codesa, requiriendo “los análisis, estudios, informes y todo antecedente relacionado con los componentes y/o situación sanitaria del pescado pangasius, de origen extranjero. Y si existen antecedentes de intoxicación por su consumo, desde el año 2010 a la fecha”. Esto, en el marco de una investigación periodística sobre el volumen de esta especie que consumen los niños atendidos por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), particularmente en la región de Aysén.

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• Ciudadanos y organizaciones presentaron recurso de invalidación ante Servicio de Evaluación Ambiental de Aysén.
• La idea, anular resolución que permitió a la Compañía Minera Cerro Bayo continuar la tramitación de la iniciativa solo mediante una declaración de impacto ambiental, en circunstancia de que se ejecutaría en un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
• “Este proyecto contempla la intervención de 110 hectáreas de este sitio prioritario, contempla una modificación permanente a la laguna Salitrosa y no obstante ello se le ha permitido ingresar al SEIA por medio de aquella herramienta que constituye el estándar más bajo de evaluación en el marco de nuestro sistema normativo ambiental” explicó el asesor legal Erwin Sandoval.

Asesor legal Erwin Sandoval junto a presidente de Agrupación ARV, Peter Hartmann.

Un grupo organizaciones y ciudadanos de Aysén presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) regional un recurso de invalidación de la resolución que permitió a la Compañía Minera Cerro Bayo presentar solo una declaración de impacto ambiental (DIA) para poner en funcionamiento los túneles de la mina Javiera, abandonados desde 2008. Para ello, extraería 580 mil M3 de agua desde sus galerías y los depositaría en la laguna Salitrosa, distante a 2,3 kilómetros, con lo cual triplicaría su volumen. El proyecto se ubica al interior del área de humedales del Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad Estepas Jeinimeni-Lagunas de Bahía Jara y a solo ocho kilómetros de la Reserva Nacional Jeinimeni, sección del futuro Parque Nacional Patagonia.

 

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• Patricio Segura, presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén.
• El martes 22 de noviembre será revisada en el hemiciclo de la Cámara de Diputados propuesta que introduce modificaciones a la institucionalidad del agua.
• “Llama la atención que, a diferencia de otras leyes, en este caso la ciudadanía regional no maneje información sobre las posiciones de sus legisladores siendo que es un tema fundamental” señaló.

 

Presidente Codesa, Patricio Segura.

“Es bien sintomático que esta semana se vote la reforma al Código de Aguas en la Cámara de Diputados y en la región de Aysén, una de cuyos elementos fundamentales es el agua, no tengamos idea cuál será la postura de nuestros diputados”.

Con estas palabras el presidente de la Corporación para el Desarrollo de Aysén (Codesa), Patricio Segura Ortiz, relevó el paso esencial que dicho proyecto dará en el Congreso el martes 22 de noviembre, donde los legisladores zanjarán si el agua debe ser considerada o no como un derecho humano y si se priorizará el consumo de las personas, y la preservación de ecosistemas y actividades de subsistencias (pequeños campesinos) y los derechos de comunidades indígenas, por sobre el lucro empresarial.

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